LA CORRUPCIÓN QUE SÍ



El republicanismo honestista tiene historia en nuestro país. Asomó en la santurronería liberal contra Rosas y, silenciosamente complaciente desde el inicio de la dictadura del general Mitre hasta el fin del mandato de Luis Sáenz Peña, 54 años más tarde, esa corriente ideológica antipopular tuvo su edad de oro. Fue el medio siglo dorado de la oligarquía agroexportadora, la república ganadera en que las 100 familias del patriciado se llevaban la vaca y los sirvientes en el barco, para pasar medio año de vacaciones en Francia. Eran tiempos de abundancia y palacios versallescos como no había en ningún otro sitio de este cuadrante del mundo. Buenos Aires era la París del sur y todos eran felices. Por fuera de ese minúsculo círculo de falsa nobleza, dos millones de habitantes—gauchos e inmigrantes—sobrevivían con las sobras del esplendor próspero, sirviendo a esa casta de amos sin más derecho que la caridad eventual del patrón. Trabajaban los niños, los hombres y las mujeres a un ritmo de explotación. El capitalismo flamante en toda su gloria. Esos esclavos falsamente libres existían para que las familias (de prosapia conseguida a fuerza de la bosta de las vacas) fueran obscenamente ricas. Esa era la república ideal que quedó tatuada en el inconsciente colectivo de una clase social posterior y nueva en la Argentina, que tuvo a lo aspiracional como sesgo fundador: la clase media urbana.

Antes que eso, los chacareros pobres, los gringos de las cooperativas agrarias de mediados del siglo XIX, empezaron a convertirse en tributarios semi feudales de los grandes latifundistas y, por eso mismo, en aspirantes ellos mismos a construir fortuna a partir de la tierra. Posteriormente, el segundo círculo, a gran distancia de esa esplendorosa fuente de munificencia nunca compartida ni derramada, fue la clase media sin campos, fue la clase media sin campos, que empezó a formarse en las ciudades durante el primer mandato de Hipólito Yrigoyen y que terminó de convertirse en franja social hegemónica una década y media más tarde, con Juan Perón.

Resulta curioso que esa clase social reciente, naciera rechazando visceralmente a los procesos sociales que crearon las condiciones de su propia formación. Nuevos empleados de cuello blanco—según la caracterización de Marx—descubren la indignación ante la corrupción estatal como parte de su rasgo psicológico constitutivo de clase porque es parte del repudio a esa puerta abierta para el ingreso de nuevos miembros a la franja social que representan los gobiernos de sesgo populista. Es parte del instinto común: "Yo llegué, cierren la puerta para que no entre nadie más". Ese es el punto de partida.

Lo anterior explica el origen de la ideología predominante de la clase media urbana, que es ese rechazo a aquello que fueron antes de ser lo que ahora son y que resumimos en el eficiente adjetivo GORILA y en su aplicación práctica el gorilismo, que se hizo piel a partir del hecho maldito del país burgués: el peronismo.

En ese terreno fértil del gorilismo aspiracional, la "denuncia anticorrupción" es una útil herramienta de control social por parte de los factores mediáticos, cuyo poder fue creciendo exponencialmente desde el primer tercio del siglo XX. Pasaron de ser una instancia de influencia excluyente a través de la información y desinformación a convertirse en la maquinaria de penetración absoluta y totalitaria que son al día de hoy. Es a través de este esquema mediático sumado a las redes sociales, que los poderes permanentes del país (la vieja oligarquía ganadera transmutada en un entramado de corporaciones transnacionales y operadores del mercado financiero), crean y dominan ese intangible que llamamos "opinión pública" y que da forma a las tendencias del humor social. 

Hasta hace una década atrás, aproximadamente, decíamos que los medios no podían poner un presidente pero sí podían destruir candidaturas y candidatos. Esa manipulación del normal curso de la democracia parlamentaria y representativa se ve multiplicada al día de hoy en un número incalculable. El resultado: ahora sí pueden poner un presidente. Y si para muestra basta un botón, alcanza con mirar la diferencia entre los períodos históricos a partir de 1930 y hasta 1976, en los que los poderes reales del país debieron recurrir al poder de la milicia para hacerse del gobierno y desde 1989, cuando ya 4 veces pudieron imponer gobiernos que son exclusivamente servidores de sus intereses de casta privilegiada y logrando aún, como plus que las mayorías voten por su propia destrucción. El sueño dorado de la vieja oligarquía: sin fraude y sin golpes militares pueden hacerse con el poder institucional y hasta gozar de consenso social para ajustar y redirigir el flujo del ingreso nacional en favor de esas mismas minorías, dejando a las mayorías en la miseria pero felices por eso.

De ahí que el "denuncismo" de corte honestista, que ha sido la marca del orillo de los grupos políticos que estuvieron 12 años sin posibilidad de acceder al gobierno, sirviera como palanca de fuerza para jaquear la voluntad popular y horadar impúdicamente a los gobiernos que son enemigos de los factores de poder. O para decirlo mejor, son considerados enemigos por los factores de poder dada su opción por el reparto más equitativo de la riqueza, lo que se traduce en términos filosóficos peronistas en "justicia social". Y hablamos de "opción" porque la teoría de quien esto escribe es que gobernar es elegir a quién vas a cagar por la razón sencilla que no se puede armonizar lo que es desigual por naturaleza sin lastimar intereses. Si la esencia de la política es el conflicto, ese conflicto se redirige de acuerdo a quién gobierna. O como lo dijera Juan Perón: “La economía nunca es libre: o la controla el Estado en beneficio del Pueblo o la controlan las grandes corporaciones en perjuicio de éste…”.


Surge ahí el sesgo del poder encargado de la aplicación de las leyes. La representación ideal de la Justicia es una mujer que sostiene una balanza en la mano derecha pero que tiene los ojos velados por un lienzo. La significación es obvia: no ve para no distinguir, no ve para igualar, para dispensar a todos el mismo trato. Resulta la corporización del principio constitucional de igualdad ante la ley. En una República, no hay tratos especiales para nadie y nadie está por encima de la ley. Esa es la letra.


La realidad es tristemente diferente. Hay personas reales y jurídicas que, efectivamente, están por encima de cualquier ley y la historia mundial de la impunidad de los poderosos es larga y bien conocida, aunque los mecanismos de elección de jueces y tribunales en países serios sea justamente eso: seria y transparente. Aún así, como dijera Bonaparte, todos tienen precio y eso es algo bastante difícil de negar. Véase por ejemplo la impunidad del multicondenado y actual presidente de los EEUU, auntoindultado como si en lugar de ser la potencia dominante fueran una republiqueta africana. Por el sur del mundo, acá en nuestras pampas, esa cuestión asuma ribetes aún más grotescos. La impudicia de la asociación entre jueces y fiscales con empresas, medios de comunicación y grupos políticos se perpetra en descampado y en banda, sin nada que se parezca lejanamente siquiera al pudor. La Justicia, como poder, está ideologizada y es militante de la derecha neoliberal. En otras palabras, la Justicia es antiperonista. Es GORILA. Y actúa en consecuencia, sin disimulo, condenando con velocidad a cualquier político por delitos reales o imaginados en usinas mediáticas, lo mismo da, siempre y cuando ese o esa política sea de extracción peronista. Los otros parecen gozar de carta blanca para delinquir de las maneras más variadas y lo hacen bajo la seguridad que les otorga el saber que nadie en el poder judicial va a mover un dedo para investigarlos siquiera.


Y esa es la realidad en que vivimos desde hace años.


Si hacer política con la cancha tan inclinada y la espada de Damocles de una causa judicial a la carta como amenaza constante ya es difícil, lo que está reservado por este cenáculo monárquico vendido a los poderes fácticos para las personas comunes, sin contactos, dinero ni fueros que los protejan es directamente dramático. Todo para ellos está en riesgo, porque desde no reconocer derechos hasta adueñarse inapelablemente de vidas, libertad y hacienda, las gentes comunes vivimos nuestras vidas en la libertad condicional que nos dispensan este cónclave de colegiados privilegiados, que no pagan impuestos y ostentan cargos hereditarios y a perpetuidad. Un rasgo feudal inconcebible en la modernidad democrática.

Al igual que la realidad se puede tapar o hacer tapa, como reza un viejo adagio sobre el periodismo de los tiempos gloriosos del papel impreso, la emergencia de un caso de corrupción estatal en un gobierno de ultraderecha, sirviente natural de los poderes reales y por lo tanto, materia de protección de la casta judicial, se puede cajonear o, irónicamente, cometer el gattopardismo de allanar, detener y simular investigación a los hilos más delgados de la cadena sin que nada roce o moleste a los verdaderos corruptos. Eso está pasando en este momento con el caso de la confesión involuntaria de Spagnuolo y las coimas multimillonarias de la ANDIS, cuyos destinatarios, según se desprende de estas declaraciones, serían la secretaria general de la Presidencia y hermana presidencial, Karina Milei y su protegido-favorito-socio-consejero y ponga usted el resto, Eduardo "Lule" Menem. La corrupción tolerada, la corrupción que sí.

La aparición del apellido más vinculado al foul play y la corrupción de la historia reciente no es casual. Los Menem son una estirpe de depredadores de los dineros públicos de larga data, cuyo principal miembro familiar llegó a volar un pueblo entero en Córdoba para encubrir un contrabando de armas cuando fue presidente de la República. Desde este ejemplo de muestra, el cielo es el límite y esa sangre está hoy encaramada en lo más alto del poder ejecutivo, con la impunidad absoluta que eso implica y, por lo que parece, se están llevando hasta el agua de los floreros.

Como faltó esbozar al principio de este texto por causa de la sorprendente incapacidad de quien escribe, la denuncia contra "la corrupción", además de herramienta de desestabilización contra gobiernos populares, es un reclamo inducido en lo que arbitrariamente podemos seguir llamando "clase media" pero que en realidad, ahora, es una alianza de clases que se unifican más por la autopercepción que por su propia realidad particular. Y es un reclamo de "estómago lleno" (perdón por tantas comillas seguidas) que permea hacia abajo por obra y gracia de la saturación informativa. Y ese es el aceitado mecanismo de control de daños: puede haber corrupción, pero los medios solamente la harán dramática, ineludible y omnipresente si proviene -o es sospechada proveniente- de administraciones populares, preferente peronistas. Aquellos corruptos que hayan tomado la precaución de ser gorilas, gozarán de la sordina y la protección de ese conglomerado de desinformación y engaño socialmente aceptado.

Dicho todo esto, dudo que Lule, Martín o Karina lleguen a sentir siquiera el viento de este escándalo y creo, además, que nada de esto le va a impedir al oficialismo ganar las elecciones de este año. Su tarea de destrucción del Estado no está terminada y, además, cuentan con la inapreciable ayuda de la oposición mayoritaria que solo sabe apretar los botones de autodestrucción en sus propios tableros de control. En este esquema, el mileísmo podrá terminar su trabajo y cuando por fin acaben, estaremos envidiando a todas aquellas naciones que los argentinos consideramos siempre inferiores a nosotros.

Ojalá esté yo equivocado. Nada me gustaría más.

MP


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